La Cumbre Mundial celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995, a diferencia de otras conferencias de la ONU sobre la agenda social en la década de 1990, no tuvo precedentes. Fue la primera gran reunión internacional celebrada sobre el tema del desarrollo social. Este hecho se recoge en el primer párrafo del preámbulo de la Declaración Política y Programática adoptada solemnemente en la ocasión por los gobernantes presentes o representados en la capital danesa, en los siguientes términos: «Por primera vez en la historia, por invitación de las Naciones Unidas, nosotros, Jefes de Estado y de Gobierno, nos reunimos para reconocer la importancia del desarrollo social y el bienestar humano de todos, y para otorgar a estos objetivos la máxima prioridad, ahora y en el siglo XXI». Puede parecer paradójico a cualquier observador de la historia moderna que la primera conferencia multilateral de gran magnitud sobre desarrollo social se celebrara precisamente en un momento en que el neoliberalismo, como alternativa «eficiente» al llamado Estado de bienestar, y el culto al mercado, como factor regulador «natural» de la convivencia social, configuraban la ideología dominante a escala planetaria. Esta paradoja es real, pero solo se hizo efectiva un año y medio después del lanzamiento de la idea de la Cumbre por parte de Chile en 1991, en el ámbito del Consejo Económico y Social de la ONU, tras su aprobación consensuada por la Asamblea General en 1992, y se hizo hincapié en ella durante el proceso preparatorio del evento. En los compromisos y propuestas de acción adoptados en Copenhague en 1995, dicha paradoja solo se configurará parcialmente, mientras que otros tipos de contradicciones se harán evidentes.
La primera paradoja con respecto a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social reside en que la propuesta para su realización fue aceptada con mayor rapidez por los países desarrollados que por el grupo de países en desarrollo. Y tiene una explicación.
A pesar de la gravedad de las preocupaciones sobre el tema y las motivaciones de los iniciadores de la propuesta, la resistencia encontrada entre algunos países en desarrollo, inmediatamente después del fin de la Guerra Fría, tenía su razón de ser. El triunfalismo de Occidente, desarrollado con el desmoronamiento del antiguo bloque comunista y la supuesta victoria del liberalismo sobre el "socialismo real" y el centralismo burocrático estatista, se reflejó, entonces, no solo en la noción del "nuevo orden internacional" propugnada por el presidente Bush en el Grupo de los Siete (el "club" de los países más ricos), vista de forma más amenazante por el resto del mundo debido a la difusión concomitante de nuevos conceptos cuestionables, como el "derecho de injerencia". Esto también se reflejó en la insistencia con que algunos países desarrollados blandieron la noción de buen gobierno, o "buena gobernanza", que incluyó una crítica dirigida a los países del Tercer Mundo como foco exclusivo de desperdicio de recursos y corrupción gubernamental, más bien, naturalmente, la Operación Manos Limpias en Italia, que puso patas arriba el sistema político actual en el país, y la publicidad de escándalos de corrupción más individualizados que involucraron a gobernantes de varios otros países desarrollados. Así, los representantes de los países en desarrollo en la ONU temían que la conferencia propuesta se convirtiera en un foro de reproche Norte-Sur, en el que los países ricos intentarían imponer nuevos tipos de condicionalidades a la asistencia y la cooperación internacionales.
En esas circunstancias, fue necesario que el Representante Permanente de Chile ante las Naciones Unidas, Embajador Juan Somavía, en su calidad de representante especial del Secretario General para este fin, realizara consultas sobre el tema durante más de un año, de modo que la Asamblea General decidió convocar la reunión mundial, a nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, en Copenhague en 1995. Lo hizo, entonces, de manera muy positiva, mediante la Resolución 47/92, del 16 de diciembre de 1992, declarándose «convencido de la necesidad de mejorar el componente social del desarrollo sostenible para lograr un crecimiento económico con justicia social, (...) consciente de la necesidad de establecer vías y medios». eliminar la pobreza generalizada y disfrutar plenamente de los derechos humanos, que incluyen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, como objetivos interrelacionados", y señalando que "la pobreza, el desempleo y la integración social están entrelazados en todas las sociedades, con un impacto particularmente profundo en los países en desarrollo".